El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de noviembre el proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, bautizada como la Ley Crea y Crece, que tratará de implantar un conjunto de medidas para “mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial” en España.

La nueva propuesta legislativa aborda la reforma de diferentes normas de ámbito económico para incrementar el “crecimiento potencial de España y reducir la intensidad de las fluctuaciones cíclicas” del tejido empresarial y social. Entre otras medidas, simplifica los trámites y elimina los costes para la creación de nuevas empresas, hasta reducirlo a un euro el capital mínimo de constitución, unos elementos que han ejercido como obstáculos que desincentivan la constitución de nuevas sociedades o frenan su crecimiento.

La iniciativa del Gobierno se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que, dentro del objetivo Impulsa Pyme, establece la necesidad de contar con un marco jurídico que incentive la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Capital privado

Sobre este último aspecto, la ley introduce cambios en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva y en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado buscando impulsar su actividad.

Para ello, propone reducir el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50 por ciento al 25 por ciento del capital comprometido. Además, flexibiliza el régimen para inversores no profesionales en entidades de capital riesgo, ya que se pasa de la exigencia de 100.000 euros de inversión inicial a 10.000 euros a aquellos minoristas con test de idoneidad y un peso proporcional de estas inversiones limitado en el conjunto de la cartera.

Además, para que sea homogéneo con la legislación europea, se flexibiliza el requisito que exige que las empresas objeto de actividad tengan como máximo 250 empleados para elevar hasta 499. Con estas medidas, el Gobierno pretende fomentar el desarrollo del capital privado (private equity y venture capital) como vehículos que pueden contribuir a aliviar la situación de endeudamiento de algunas empresas, y con ello, facilitar de nuevo su crecimiento.

El sector de capital riesgo, a través de ASCRI, considera que el texto es susceptible de mejorar, ya que es necesario establecer un “régimen fiscal claro y específico”, como ocurre en otros países de nuestro entorno. La patronal de las entidades de capital privado considera que es un factor fundamental de atracción de talento y gestoras a España, como elemento generador de riqueza e inversión.

Además, las medidas introducidas en la ley subrayan el protagonismo de los fondos de capital privado en la recuperación económica tras el frenazo sufrido por la pandemia del Covid-19, ya que tienen un efecto dinamizador en la economía. Las empresas que reciben financiación de los fondos de capital privado crecen más, invierten más, generan más empleo y mejoran más su rentabilidad. Y este es un efecto duradero a largo plazo más allá del periodo de permanencia del fondo en su capital.

Otras medidas, como la reducción del capital mínimo para la constitución de una empresa a un euro; la simplificación de los trámites de creación y la agilización de los mismos, para el inicio de la actividad de una empresas; la penalización de la morosidad de las grandes corporaciones hacia las pymes que sean sus proveedoras; o la regulación del crowdfunding, son medidas que contribuyen a impulsar el ecosistema emprendedor y empresarial.